La nacionalización del litio en México inicia con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir al país en una potencia del mineral, pero levanta dudas sobre expropiaciones, la capacidad del Estado para explotarlo y la cantidad real de yacimientos.
La reforma a la Ley Minera, promulgada esta semana, declara al litio como mineral de utilidad pública cuya explotación será facultad exclusiva del Estado mediante un nuevo organismo público, un modelo similar al de Bolivia, detalla Juan Pablo Aguirre, investigador del apartidista Instituto Belisario Domínguez del Senado.