España comenzó este miércoles a aplicar un polémico decreto para cumplir con el ahorro energético acordado con la Unión Europea, que obliga a que la refrigeración de empresas, locales comerciales y dependencias públicas no baje de 27 grados en verano y al apagado nocturno de escaparates y edificios desocupados.
El plan, aprobado por el Ejecutivo la semana pasada, ha generado controversia social y política por la oposición de regiones gobernadas por la derecha; estas aplicarán las medidas, pero cuestionan su efectividad y reprochan que no se acordaran con ellas ni con los sectores económicos afectados, y Madrid anuncia que las recurrirá en el Tribunal Constitucional.