La moratoria que impedía que los acreedores reclamen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico deja de tener efecto a partir de hoy y abre la puerta a un proceso de quiebra tutelado por la Justicia.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que evalúa las alternativas posibles, aunque la facultad de tomar una decisión sobre el asunto recae en la Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control a las autoridades de San Juan establecida por normativa aprobada por el Congreso de EE.UU.