El Congreso de El Salvador, de amplía mayoría oficialista, aprobó este martes una cuarta ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 46.600 detenidos y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas.
En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.