Tan solo ocho meses después de haber asumido el cargo, el presidente Pedro Castillo se convertirá en el segundo jefe de Estado peruano en ser sometido a un juicio político en menos de dos años y corre el riesgo de ser destituido en medio de una crisis que amenaza la estabilidad social y económica del país.
Cuando el izquierdista Castillo asumió la presidencia el 28 de julio de 2021 sabía que tenía medio país en contra sentado en el Congreso, en las bancadas de las agrupaciones derechistas Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos y Avanza País, que no le perdonarían haber alcanzado el Ejecutivo por muy estrecho margen sobre Keiko Fujimori.